El Grupo Parlamentario Socialista prevé que durante el mes de septiembre se conozca la resolución de Tarcyl
La portavoz de Función Pública del Grupo Parlamentario Socialista, Yolanda Sacristán, exigió hoy a la Junta de Castilla y León que el servicio de transporte sanitario en Castilla y León pase a ser pública de manera que se priorice una adecuada atención a los usuarios del sistema de salud con una gestión “pública, eficaz y eficiente”.
Así lo señaló Sacristán durante una rueda de prensa en la que se analizó la situación del transporte después de que el miércoles pasado el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl) suspendiese cautelarmente el procedimiento de adjudicación del servicio entre otros motivos porque no contempla una plantilla suficiente y la que existe dispone de sueldos muy bajos.
Según la denuncia presentada por el sindicato, en el contrato se recogen, entre otros, diez puestos de personal directivo con un elevado coste sin justificación de hasta 145.000 euros brutos al año.
Por su parte, el portavoz de Presidencia del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Briones, recordó que con esta paralización se abre un nuevo horizonte político y jurídico y ha supuesto “un tirón de orejas a la Junta”.
“En estos momentos, la Junta tiene que dejar de hacer el ridículo”, continuó, para añadir que con este contrato el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco hizo “un traje a medida”, “con un pliego lleno de errores” que ha hecho que se haya suspendido cautelarmente y cuya sentencia es previsible que se conozca durante el mes de septiembre.
Por eso, Briones pidió a la Junta que desista del proyecto de contratación y haga un nuevo pliego que “de verdad se escuche a los trabajadores y se fije en el interés general y no en los particulares”.
Asimismo, Yolanda Sacristán recordó que Ambuibérica –la actual empresa concesionaria- siempre ha estado en el punto de mira desde que empezó a operar en 2014. “Un grupo laboral que acumula innumerables conflictos laborales, constantes problemas con la normativa laboral y sentencias condenatorias que cuestionan su funcionamiento”, resumió la socialista.
Además, añadió que en las Cortes, a propuesta del PSOE, se aprobó una auditoría a la empresa para cerciorarse de que cumple el contrato y que, a día de hoy, no se sabe nada, excepto puntuales revisiones.
Por lo tanto, insistió en que la Junta “ha elegido un mal camino” pero aún está a tiempo de cambiarlo y pasar a asumir la gestión de este servicio y el anuncio del consejero de que el nuevo contrato contaría con 809 millones de euros y 186 ambulancias se ha quedado en 736 millones de euros, es decir, 72 millones menos, y 59 ambulancias menos de las previstas.
Valladolid, 8 de julio de 2022
