El Grupo Parlamentario socialista pide a los ciudadanos que se planteen donar que se informen bien porque tendrán que abonar a Hacienda entre un 19 y un 23%
El Grupo Parlamentario Socialista denunció hoy que la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones que tramita la Junta de Castilla y León no exime a los ciudadanos de tributar con Hacienda a los donantes.
En concreto, según explicaron el coordinador de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, José Francisco Martín, y la portavoz de la materia, Rosa Rubio, en una donación, por ejemplo, de una vivienda (que no sea la habitual) de un padre a un hijo, aunque el hijo quedará exento del impuesto de donaciones, el padre sí tendrá que pagar el impuesto de incremento patrimonial con Hacienda.
Es decir, según añadió Rosa Rubio, si se dona un piso que se compró por 100.000 euros y en el momento de la donación su valor es de 160.000, el donante deberá tributar por un incremento patrimonial de 60.000 euros que supondrá 12.500 euros de pago a Hacienda.
Esta situación, que Martín calificó de “estafa”, ya se produjo entre los años 2008-2012 cuando existían estas bonificaciones fiscales cuando se produjo una “avalancha de liquidaciones en este sentido”, según añadió Rubio.
“Si alguien está pensando en donar, que se informe porque la Junta no avisa de esto”, advirtió José Francisco Martín, mientras que Rubio calificó de tema “muy serio” este silencio de la Junta al vender que elimina un impuesto y no contar que tendrán que pagar en su IRPF entre un 19 y un 23 por ciento.
El Grupo Parlamentario Socialista registrará mañana una enmienda a la totalidad y cinco enmiendas parciales al proyecto de Ley de la Junta de eliminación de los impuestos de sucesiones y donaciones.
Lo hará, según explicó Martín, con los mismos argumentos recogidos en la memoria del proyecto de ley por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien responde a la Confederación de Empresarios, Cecale, que la regulación actual de cesión de empresas ya prevé un sistema fiscal muy favorable.
Valladolid, 6 de febrero de 2020
