EL Grupo Parlamentario Socialista exige explicaciones a la Junta ante los graves indicios de explotación reproductiva en el HUBU
«Con independencia del procedimiento judicial que deba depurar las responsabilidades penales pertinentes, la Junta de Castilla y León tiene la obligación de dar explicaciones inmediatas», señala la viceportavoz socialista, Patricia Gómez.
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una batería de preguntas, tanto orales como escritas, ante la gravedad de los hechos conocidos en el Hospital Universitario de Burgos que, según la información conocida hasta la fecha, podrían estar relacionados con posibles casos de explotación reproductiva.
Las iniciativas incluyen preguntas orales a la vicepresidenta segunda, responsable de las políticas de Igualdad, políticas que, subraya Gómez, «no pueden quedarse en un simple reparto de competencias dentro del organigrama de gobierno configururado tras el pacto PP-Vox».
«Si la vicepresidenta segunda tiene atribuidas las funciones de igualdad, tiene la obligación de explicar qué está haciendo para combatir nuevas formas de explotación de las mujeres», señala la representante socialista, quien insiste en que «la Junta de Castilla y León no puede limitarse a guardar silencio ante unos hechos tan graves como los que se están investigando».
«Las mujeres no son mercancía. La maternidad no es un derecho que pueda ejercerse a cualquier precio. La Junta de Castilla y León no puede limitarse a guardar silencio ante unos hechos tan graves como los que se están investigando. Tiene la obligación política de dar explicaciones y de demostrar que está protegiendo a las mujeres».
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista exige a la vicepresidenta que explique qué actuaciones está desarrollando desde las funciones que tiene atribuidas en materia de igualdad, si considera que la explotación reproductiva constituye una forma de violencia y explotación contra las mujeres y qué políticas públicas está impulsando para prevenir estas prácticas y proteger a las mujeres frente a cualquier forma de explotación.
Asimismo, el PSOE exige vía parlamentaria a la Consejería de Sanidad que responda sobre qué comprobaciones se realizan antes del alta para garantizar la seguridad de las madres y de los recién nacidos y si se activaron los servicios de trabajo social sanitario u otros recursos asistenciales para valorar la situación de vulnerabilidad de las mujeres atendidas en estos hechos, así como que facilite información acerca de los protocolos establecidos en situaciones de explotación reproductiva, cómo respondió el sistema sanitario ante los hechos investigados y si considera necesario reforzar los mecanismos de prevención y protección.
Valladolid, 29 de julio de 2026
