“La Junta ha estado 12 años computando prestación por hijo a cargo, engañando a las personas dependientes”, asevera Isabel Gonzalo tras las sentencias del TSJ señalando que la Junta no puede computar la prestación por hijo a cargo y que a las personas en situación de dependencia que utilizan los servicios públicos o concertados no se les puede cobrar por decreto el copago,
La procuradora Isabel González, acusó al gobierno de Mañueco de engañar y mentir a las personas con discapacidad desde hace mucho tiempo
En el Pleno de las CCyL celebrado esta tarde, la procuradora socialista, que acusó a la Junta de vender humo y vaciar las listas de espera con 15 € y una hora de ayuda a domicilio, trasladó al Pleno las condenas a la Junta por parte del TSJ tras la reclamación de 88 familias para que no computara la prestación por hijo a cargo.
Gonzalo Expuso que 88 familias reclamaron ante la Junta para que no computara la prestación por hijo a cargo ante la nada por parte de la Gerencia, las familias se vieron obligadas a iniciar un largo proceso judicial que ha finalizado con la condena a la Junta por parte del TSJ a la Junta: “No puede computar la prestación por hijo a cargo cuando se determina la capacidad económica de la persona”.
“La Junta ha estado 12 años computando esta prestación, engañando a las personas dependientes”, aseveró.
Asimismo, recordó que el TSJ volvió a condenar la a Junta al señalar que “a las personas en situación de dependencia que utilizan los servicios públicos o concertados no se les puede cobrar por decreto el copago, tiene que ser mediante ley y que, tras el recurso del indolente gobierno de Mañueco, el TSJ volvió a decir que lo hacen mal y obliga a devolver lo cobrado injustamente los últimos cuatro años.
la procuradora socialista, que calificó de cruel la gestión de un gobierno que durante más de 9 años ha decidido ahorrar 79 millones de euros a costa de las personas vulnerables se preguntó hasta cuando piensa la Junta seguir engañando a las familias y cuando piensa presentar un proyecto de ley que regule los precios públicos de los servicios que se prestan a las personas en situación de dependencia.
Actualmente, remarcó hay 49.000 personas con un grado de dependencia reconocido que reciben una prestación económica vinculada a la adquisición de un servicio a los que la Junta está engañando con “fórmulas diabólicas.”
Tras señalar que hay más procesos judiciales en marcha, Gonzalo acusó a la Consejería de Familia de no escuchar ni atender a las familias y tachó de inadmisible la incompetencia, mentira y silencia s del gobierno de Mañueco y de la cons4ejera de Familia, tan locuaz para vender humo.
Valladolid, 7 de octubre de 2025
