Vázquez sostiene que “el principal obstáculo para resolver el problema de la vivienda es la Junta por ser el principal especulador inmobiliario”
Partido Popular y Vox han vuelto a votar juntos en las Cortes de Castilla y León. En esta ocasión para oponerse a una iniciativa socialista para duplicar el número de viviendas de alquiler a precio asequible y para limitar los precios al 30% de los ingresos de las unidades familiares.
Durante el debate, el portavoz de Vivienda, Fomento y Medio Ambiente del Grupo Socialista, José Luis Vázquez, recordó que “las competencias en materia de vivienda son exclusivas de la Junta de Castilla y León”. Por lo tanto, “la culpa es exclusiva de Mañueco, no de Pedro Sánchez”.
“Y cuando en Castilla y León, el Gobierno de España, sin competencias en materia de vivienda, firma un convenio con la Junta para cumplir el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025 y pone ocho de cada diez euros, lo mínimo es agradecer”, señaló Vázquez.
“Hoy todos los alcaldes y alcaldesas, sin distinción de partido, tienen en el acceso a la vivienda el principal problema para fijar población en sus municipios”, argumentó el portavoz socialista, quien añadió que “mientras, el Gobierno de España aprueba la primera ley de vivienda de la historia de la democracia para facilitar que el derecho a acceder a una vivienda sea una realidad”.
Vázquez aseguró que la Junta de Castilla y León, después de 37 años, “ni cumple ni desarrolla su propia ley de 2010”. De hecho, dijo, ni tiene plan autonómico de vivienda, con lo que “es imposible intervenir de forma eficaz si ni siquiera se planifica el reto”.
“La Junta no solo no pone el mismo dinero que el Gobierno en el desarrollo del convenio, es que ni coordina las acciones del Gobierno y de los ayuntamientos”, argumentó Vázquez, que acusó a la Junta de ser “desleal” y de emplear la “propaganda” para “ocultar” que el parque público de viviendas de la Junta es, en realidad, viviendas de los ayuntamientos.
“Teniendo la competencia exclusiva -en materia de vivienda- carece de política propia”, pero acusó al Gobierno de Mañueco de actuar con “descaro” al firmar un acuerdo con el Diálogo Social “a sabiendas de que lo incumplirá una vez más”, señaló.
De hecho, Vázquez preguntó “dónde tienen las 2.400 viviendas de alquiler asequible de la Junta para que con 1.600 alcance las 4.200 en 2027 como ha dicho el señor Mañueco”.
Se mostró crítico con el Gobierno de Mañueco porque, mientras el Gobierno fija -por Ley- en el 3% la subida máxima de precios de alquiler, la Junta lo sube más del 40%.
Por eso, aseveró que “el principal obstáculo para resolver el problema de la vivienda es la Junta del PP como principal especulador inmobiliario de Castilla y León”. “No tienen proyecto, ni planificación, pero sí un modelo miope, su modelo especulativo es pan para unos pocos hoy y hambre para todos mañana”, agregó.
Denunció también que la Junta incumple su propia Ley de 2010: “ni la cumplen, ni la desarrollan, y la norma vigente es un obsoleto decreto de 1968 para los regímenes de Vivienda de Protección Oficial (VPO)”.
Además, señaló que las convocatorias de la Junta son “imposibles”, con ayudas “insuficientes” al alquiler asequible, que “boicotearon” el bono joven de alquiler, por lo que más de 8.300 jóvenes se quedaron sin la ayuda, y más de 10.000 solicitudes se denegaron de forma irregular.
Es más, acusó a la Junta de “descalificar de forma irregular las VPO para incorporarlas al mercado especulativo”.
Por eso, propuso que se impulse la creación de un parque público propio la Junta de 5.000 viviendas de alquiler asequible hasta el 2027; que se dote con 150 millones de euros una colaboración público-privada para impulsar la construcción de un parque de 2.000 viviendas de alquiler asequible; que en ambos casos el precio máximo nunca sea superior al 30% de los ingresos de la unidad de convivencia; que “jamás” sean descalificadas como vivienda de alquiler asequible dichos inmuebles; la creación de una empresa pública específica para garantizar la gestión, el control y la supervisión; y que se cumpla con la ley de vivienda estatal.
Valladolid, 9 de octubre de 2024
