Sacristán deja entrever que Mañueco antepone los intereses empresariales por que las personas mayores “no son su prioridad”
La portavoz de Familia e Igualdad de Oportunidades del Grupo Socialista, Yolanda Sacristán, criticó hoy la “pasividad” de la Junta de Castilla y León en las inspecciones a las residencias de personas mayores ante las denuncias de sus familiares.
Durante el Pleno celebrado en las Cortes de Castilla y León, Sacristán recordó que las competencias en esta materia son de las comunidades autónomas porque así lo recoge la Ley de Dependencia y lo avala una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).
También lamentó que en la nueva Ley de Residencias de Castilla y León se fije un plazo máximo de un año para abordar la calidad de los centros “cuestión que sigue pendiente a pesar de que las denuncias de las familias de los residentes son constantes”. También los sindicatos, advirtió, han definido estas situaciones como “tercermundistas” dado que las inspeccione son “mínimas” y “siempre bajo llamada previa”.
De hecho, subrayó que los sindicatos llevan años alertando sobre la “grave situación” por la falta de personal y la precariedad laboral teniendo en cuenta, además, que existe un Acuerdo del Consejo Interterritorial en el que se establece una ratio de personal y que debió aplicarse en 2023. “Estamos a finales de septiembre de 2024 y no se ha hecho”, añadió la dirigente socialista.
Por eso, preguntó cuál era el problema: “¿quizás sea que si las residencias privadas aumentan su personal, éstas pueden perder dinero? Si el problema de fondo es ese… ¿acaso está la Junta de Castilla y León anteponiendo los intereses de los grupos empresariales a los intereses de las personas mayores que están en los centros residenciales? ¿Quizá pretenda llegar a normalizar esto en nuestras residencias de Castilla y León?
Por, sostuvo que “es evidente que, para el señor Mañueco, la atención a las personas mayores no es una prioridad; no lo fue durante la pandemia, y no lo es ahora”. De hecho, señaló que el último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales concluye que Castilla y León -junto a Galicia y Aragón- han reducido su aportación a los dependientes a medida que se han incrementado los fondos del Estado.
Eso supone, dijo, “una reducción del 6% de los fondos de la Junta”, lo que supone 35 millones de euros que, en lugar de destinar a personas dependientes, el Gobierno de Mañueco los usa para “hacer caja”.
Valladolid, 24 de septiembre de 2024
