“La situación se repite en todas las provincias ante el denominador común de la falta de personal. El clásico método quirúrgico de amortizar plazas tan utilizado por el PP conlleva la amortización en las Consejería de Familia de nada más y nada menos que 36 puestos de trabajo”, señala Yolanda Sacristán.
La portavoz socialista de Familia e igualdad de Oportunidades, Yolanda Sacristán, denunció hoy en el Pleno de las CCyL las largas listas de espera para resolver los expedientes de valoración de grado de discapacidad y acusó a la Junta de que colectivos vulnerables tengan que esperar hasta dos años la resolución que debería resolverse en un plazo de 6 meses.
Sacristán expuso que la situación se repite en prácticamente todas las provincias de la Comunidad ante el denominador común de la falta de personal.
“Las unidades de valoración no pueden más, reciben un volumen anormal y desproporcionado de llamadas diarias solicitando una explicación por el estado de su expediente y en el caso de Valladolid se ha procedido al cierre el registro por falta de Recursos Humanos y el consiguiente incremento en el tiempo la gestión de los expedientes de valoración de grado de las personas con discapacidad”, denunció.
A pesar del aumento de quejas por parte de usuarios , de los técnicos y de las resoluciones “casi a diario” del Procurador del Común pidiendo a la Junta que pongan solución de manera urgente a todos los procesos aplicando las medidas necesarias que no son otras que la contratación de personal, la Junta “ no solo no refuerza los equipos de valoración, sino que hace todo lo contrario”
En esta línea, criticó que la amortización de puestos de trabajo en todas las consejerías tras la nueva Relación de Puestos de Trabajo aprobada por la Junta.
“El clásico método quirúrgico tan utilizado por el Partido Popular ha supuesto que se amortizan nada más y nada menos que 36 puestos de trabajo en la Consejería de Familia,” denunció Sacristán, que calificó de ineficaz la gestión de un asunto tan crucial como es el cuidado y la atención de las personas con discapacidad a las que esta ineficacia d ela Consejería supone en muchos casos problemas añadidos para acceder a determinados servicios públicos, prestaciones económicas o a puestos de trabajo.
Valladolid, 10 de septiembre de 2024
