El PSOE de Castilla y León ha seguido con preocupación las noticias que se han publicado en las últimas semanas sobre la Universidad de Salamanca en relación con diferentes prácticas científicas de su nuevo rector.
Como consecuencia de las mismas, el pasado 11 de junio el Comité Español de Ética de la Investigación aprobó un informe en el que se aludía a la posible existencia en la Universidad de Salamanca de hechos que podrían conculcar las buenas prácticas científicas y solicitaba una “verificación exhaustiva e independiente de los mismos por las instancias competentes”.
Con posterioridad a este informe, el 17 de junio se conoció que la Agencia Estatal de Investigación ha suspendido de forma cautelar su colaboración con el actual rector de la Universidad de Salamanca.
Tras conocerse estas decisiones en el ámbito estatal, el 18 de junio se hizo público un escrito firmado por más de 150 profesores de la Usal en el que se pedía a la Universidad de Salamanca “que realice las gestiones oportunas para que la Junta de Castilla y León, como administración responsable del sistema universitario de la comunidad autónoma en virtud de la Ley 3/2003 de 28 de marzo de Universidades de Castilla y León, abra con carácter de urgencia un procedimiento de verificación con las garantías jurídicas pertinentes de transparencia e imparcialidad”. Este requerimiento se ha realizado dado que “la sospecha sobre las mencionadas prácticas científicas no puede extenderse a la totalidad de una institución con el prestigio y la historia de la Universidad de Salamanca”.
La última referencia sobre estos hechos conocida hasta la fecha tuvo lugar en el día de ayer, 20 de junio, con la publicación de un comunicado de la Conferencia de Sociedades Científicas de España (COSCE) en el que se aseguraba que han “observado con estupor la situación derivada de la elección de Juan Manuel Corchado como rector de la Universidad de Salamanca”. En este mismo comunicado se solicitaba “que, con celeridad, bien el Ministerio o la autoridad autonómica competente articulen la puesta en marcha de una comisión independiente capaz de verificar los hechos denunciados”.
Desde el respeto a la autonomía universitaria, y a la conveniencia de que la Universidad de Salamanca aborde la resolución de sus problemas internos, la relevancia pública de los hechos conocidos hace que la Junta de Castilla y León no pueda permanecer impasible ante el deterioro público de la imagen de la Universidad de Salamanca.
Por todo ello, desde el PSOE de Castilla y León se insta a la Consejera de Educación, Rocío Lucas, y al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a que adopten inmediatamente las decisiones que sean necesarias, en el marco de sus competencias, para que, desde la máxima transparencia, se supere la situación de incertidumbre y desprestigio actual y se preserve el buen nombre de la Universidad de Salamanca. Si esta solicitud no es atendida con premura, desde el Grupo Socialista de las Cortes de Castilla y León se presentarán cuantas iniciativas considere necesarias para lograr este fin.
Valladolid, 21 de junio de 2024