Los socialistas califican de poco fiables los presupuestos y la Ley de Medidas y censuran que modifique 26 normas
El Grupo Parlamentario Socialista denunció hoy la eliminación de un fondo de al menos 448 millones de euros por parte de la Junta de Castilla y León en la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas 2021, correspondiente a lo recaudado desde el año 2012 por el impuesto medioambiental.
Así lo explicaron en rueda de prensa el coordinador de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, José Francisco Martín, y la portavoz de la materia, Rosa Rubio, quienes insistieron en pedir explicaciones a la Junta de Castilla y León por la desaparición de este fondo.
“Mañueco tiene que explicar dónde y para qué se está utilizando ese fondo”, subrayó José Francisco Martín, mientras que Rubio instó a responder “de manera inmediata” dónde está ese dinero recaudado por la tasa medioambiental, por qué desaparece y por qué no se destina ese dinero a paliar las consecuencias de la pandemia.
En caso de que no hayan destinado esa recaudación al citado fondo, continuó Rosa Rubio, estarían incumpliendo la ley algo que consideró de “una gravedad extraordinaria”.
La Ley de “no” Medidas Tributarias, además, según explicó la portavoz de Hacienda, modifica reducciones del IRPF en el tramo autonómico para los padres que hagan uso de las guarderías, que hasta ahora estaban desgravando una media de mil euros en el tramo autonómico y otros 1.300 en el estatal y ahora, como mucho, reducirán su pago a Hacienda en 1.000 euros al año, al tiempo que también incumplen el compromiso de establecer beneficios fiscales en el medio rural.
Una ley que, además de los propuestos, provoca una “absoluta falta de confianza” cuando la elabora el consejero de Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, después de comparecer en la comisión que investiga en las Cortes la trama eólica y donde se comprobó que él, como exconsejero de Medio Ambiente, fue un elemento imprescindible, según señaló Martín.
Además, le acusó de “no ser de fiar” y de hacer un juego “trilero” con la citada ley al derogar o modificar hasta 26 normas, algunas de las cuales la de Agricultura, la de Montes o la de Ordenación del Territorio, al tiempo que denunció que no han dado participación a consejos fundamentales. “Ese es el concepto de transparencia”, subrayó.
También, censuró que se dé un impulso importante a la empresa pública Somacyl al pretender ahora que realicen gestiones de ayuntamientos y diputaciones, “saltándose la ley de contratos”.
Valladolid, 26 de noviembre de 2020
