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Gonzalo denuncia que la Junta no facilita el acceso al Ingreso Mínimo Vital de los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía

por Manuel Iglesias

La procuradora socialista critica que el Gobierno de Mañueco conceda solo un mes para regularizar la situación bajo amenaza de perder la RGC

La portavoz de Servicios Sociales del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Isabel Gonzalo, denunció durante el Pleno que el Gobierno de Mañueco no facilita el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) de los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC).

En su intervención, Gonzalo recordó que “el principal objetivo de cualquier gobierno en su territorio es mejorar la vida de sus ciudadanos, así como garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión social. También debe combatir la pobreza y la exclusión social…porque la pobreza también se hereda”.

Para facilitar este “trasvase” a los perceptores, recordó que las comunidades autónomas emplean diferentes mecanismos y puso como ejemplo la Comunidad Valenciana, que establece un régimen transitorio y se marca el objetivo de 31 de diciembre para que los perceptores aporten justificante de la solicitud del IMV; o Aragón, donde también existe un Decreto que facilita y, en su caso, complementa con la prestación aragonesa si fuera preciso, y realiza a sus perceptores los pasos necesarios para solicitar el IMV; o Baleares o Extremadura.

En Castilla y León, sin embargo, se les enviamos una carta a los perceptores de la RGC, “al más puro estilo Corleone, amenazando de que, si en un mes no han solicitado el IMV y han presentado el justificante de haberlo pedido a la Seguridad Social, la Gerencia de Servicios Sociales les suspende la Renta”.

Por eso, criticó que la Junta “no hace nada para facilitar el acceso al IMV de los perceptores de la Renta, no hay ningún Decreto, ninguna norma, ninguna ayuda, nada, solo amenazas. Bueno, perdón, facilitan el teléfono de la Seguridad Social por si algún solicitante tiene dudas, no vaya a ser que molesten a la Gerencia”.

Valladolid, 21 de julio de 2020

 

 

 

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