El pasado mes de agosto y tras la denuncia socialista, la Junta tuvo que pedir disculpas públicamente por no haber informado ni publicado la creación de 14 nuevos cargos de confianza por acuerdo de Gobierno.
La Comisión de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior celebrada esta mañana ha aprobado por consenso la Proposición No de Ley por la que el PSOE instaba a la Junta de Castilla y León a publicar en una página específica del sitio web de la Administración autonómica el contenido íntegro de la totalidad de los acuerdos de la Junta de Castilla y León “ para garantizar unas mayores cotas de transparencia y un mayor conocimiento por parte de la ciudadanía del contenido de su acción de gobierno y administración”.
El texto final de la PNL consensuado con Cs, que ha contado con el apoyo de todos los grupos de la Comisión, insta a la Junta a “ que se haga público el contenido de los acuerdos de la Junta de Castilla y León una vez aprobadas las actas en plazo máximo de 15 días y excluyendo aquellos datos de carácter personal y especialmente protegidos, confidenciales, secretos o afectados por la propiedad intelectual o industrial o por la seguridad pública, previa determinación de un informe jurídico , siempre que sea técnicamente posible”
La propuesta socialista fue defendida por la procuradora socialista, Alicia Palomo, quien en su intervención recordó ante la denuncia del Grupo Socialista, la Junta se vio obligada a pedir públicamente disculpas por no haber publicado la creación de 14 nuevas plazas para cargos de confianza de nombramiento directo en consejo de gobierno de jueves 25 de julio sin que dieran información ni publicaran ese acuerdo.
Alicia Palomo señaló en defensa de la propuesta que todos los acuerdos que adopte la Junta de Castilla y León como institución de gobierno y administración de la Comunidad Autónoma deben ser objeto de una adecuada publicidad a fin de que los ciudadanos puedan conocer los distintos aspectos de la función ejecutiva, máxime en un momento en el que los ciudadanos exigen una absoluta trasparencia en la gestión de las Instituciones Públicas. “Parece imprescindible que esa información sea accesible en su integridad, respetando, como es lógico, la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal y de protección intelectual.”
“Se trata de que el acceso a la información sea lo más accesible posible al ciudadano, de transponer de una manera eficaz y eficiente la Ley de Transparencia”, concluyó.
Valladolid 3 de octubre de 2018
