“La Junta vuelve a incrementar la financiación de los conciertos para la prestación de servicios”, denuncia Isabel Gonzalo ante unas cuentas de la Consejería de Familia que aumentan debido a las aportaciones del Gobierno
La portavoz socialista de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Gonzalo, acusó hoy a la Junta de seguir apostando por la privatización de los Servicios Sociales en Castilla y León con unos presupuestos para 2022 que no garantizan la igualdad de oportunidades.
Gonzalo realizó esta valoración tras la comparecencia en las Cortes de la consejera, Isabel Banco, para informar de las cuentas de su departamento para 2022, que “aumentan debido a las aportaciones del Gobierno.”
“Aumentan porque al igual que en el presupuesto del año pasado, las aportaciones del Gobierno de España se han incrementado el 27% mientras la aportación de la Junta sólo crece el 7,42”, señaló tras recordar que el año pasado la aportación de la Junta disminuyó 2,35%.
En esta línea, expuso que la financiación del Gobierno de España al Plan concertado de SS crece el 96,94% y destacó el incremento del 19,4 % de la aportación del Gobierno de España a la Dependencia, “con lo que la aportación del Estado a la Dependencia crece hasta casi el 40% del gasto total frente a la aportación del 23 % a la que se limitó la aportación del Gobierno de Rajoy.“
Asimismo, la portavoz socialista recordó que la Consejería también recibe 74,5 millones de euros del Gobierno de España través del Mecanismo para la Recuperación, Transformación y Resiliencia
“Y en cuanto a los Fondos Europeos del total de 89.107.029 euros de las inversiones recogidas en el presupuesto de la Consejería 76.874.660 proceden de Transferencias finalistas o inversiones financiadas por la UE. Es decir, el 86,16%”, añadió.
Además , Gonzalo expuso que la prestación económica vinculada o, cheque servicio, es una prestación que no garantiza igualdad de oportunidades a todas las personas de Castilla y León ya que ofrece una ayuda para abonar los gastos derivados de un servicio y si la persona a la que se la concede esta prestación tiene capacidad económica para poner el resto del coste del servicio lo hace, y si no tiene capacidad económica no tiene acceso a ese servicio.
“Eso no es justo ni igualitario” señaló Gonzalo, que tachó de engaño que la Junta anuncie a bombo y platillo estrategias y planes y luego no aparecen en el presupuesto.
Es el caso del Programa de actuaciones estratégicas con la población gitana en Castilla y León (2021-2030), al que la Junta iba a destinar 40 millones de euros que no aparecen en el presupuesto para 2022 donde figura la partida congelada y del Plan estratégico contra la soledad no deseada y el aislamiento social de Castilla y León 2022/2027. “No aparecen los 100 millones, 20 cada año, que nos vendió Mañueco.”, denunció.
Valladolid, 11 de noviembre de 2022
