Diego Moreno defiende que una plaza que lleva un tiempo sin cubrir pueda ser considerada también de difícil cobertura, pero PP y C’s lo rechazan
El coordinador del Área de Sanidad del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Diego Moreno, sostuvo hoy en la sesión plenaria que el PSOE “no aceptará bajo ningún concepto una reforma del sistema público de salud “que suponga una reducción en el número de profesionales, una merma en la calidad de la asistencia sanitaria o que genere desigualdades”.
Así de contundente se mostró en la defensa de una Proposición No de Ley (PNL) por la que considera necesario aprobar un nuevo decreto “que tenga en cuenta la realidad y que establezca un criterio más amplio que el geográfico, de forma que una plaza que lleva un tiempo sin cubrir pueda ser considerada también de difícil cobertura”. Sin embargo, tanto PP como C’s la han rechazado en un nuevo ejercicio de ‘bunkerización’ al negarse a mejor cualquier aspecto sanitario.
En su intervención se preguntó “qué ha hecho la Junta para incentivar las plazas de difícil cobertura” porque, “hablamos en su mayor parte de plazas de Atención Primaria en el medio rural pero también de atención especializada en hospitales comarcales. “Se ha hecho más bien poco”, aseguró, porque en 2019 la Consejería de Sanidad sacó un decreto por el que se debían haber puesto en marcha incentivos para hacer que estas plazas fueran más interesantes. Pero era un decreto limitado, puesto que solo consideraba la ubicación geográfica como criterio para establecer que una plaza era de difícil cobertura, pero “ha quedado en papel mojado”.
En su intervención aseguró que la política que la Junta lleva a cabo en el Sacyl, en materia de personal, es “desastrosa” y nos conduce “irremediablemente” a la “descapitalización” del sistema público de salud, a la reducción y cierre de servicios y a la pérdida de calidad asistencial en Castilla y León. “De seguir la Junta por este camino la sanidad pública, tal y como la conocemos, tiene los días contados”, añadió Moreno.
Se mostró crítico con el Gobierno de Mañueco porque “cuando había profesionales sanitarios en las bolsas, la Junta se negaba contratar y ahora que las bolsas están vacías anda la consejera llorando por las esquinas porque no encuentra profesionales a los que contratar”.
Aseguró que estamos ante “un plan diseñado y urdido para conseguir precisamente lo que ya está ocurriendo: que mengüe la confianza de los ciudadanos en la sanidad pública y los centros y seguros privados compitan con ella de tú a tú”.
“La falta de profesionales es la misma coartada que la Junta pretende utilizar para que sociedad y partidos políticos aceptemos sin rechistar su reforma de la Atención Primaria”, aseguró.
“Esta es la clase de política social y sanitaria que ha llevado a cabo la derecha de esta Comunidad durante décadas y que ahora cuenta con la inestimable participación del eslabón perdido de C’s en el Gobierno de Castilla y León: el Sr. Igea”, advirtió el procurador leonés.
Moreno indicó que desde que se aprobó el Estatuto jurídico del personal estatutario -en el año 2007- “no han presentado ni desarrollado el plan de reordenación de recursos humanos. Es decir, falta un análisis riguroso de la situación de la plantilla de Sacyl, falta una planificación de servicios y falta una previsión de las necesidades de profesionales para los próximos 10 años”. Por eso, instó a la Junta a que lo presente para que los demás grupos puedan hacer aportaciones aunque vaticinó que “no se atreverán a hacerlo porque significaría poner fin a la era del oscurantismo sobre la política de personal del Sacyl”.
De hecho, recordó que durante años la Junta ha dejado de ofertar plazas MIR acreditadas por el Ministerio. Más de 440 plazas entre 2012 y 2018 de Medicina Familiar y Comunitaria que hoy podrían ser los médicos de Atención Primaria que tanto se necesita ahora. “Tampoco han hecho nada por fidelizar a los médicos que finalizan la formación MIR en Castilla y León”, añadió.
En su intervención se mostró convencido de que la Junta “tiene miedo de que descubramos que realmente no contrataron a 4.000 profesionales durante el Estado de Alarma, porque, en todo caso, fueron 4.000 contratos. Muchos de ellos son el mismo repetido a la misma persona, por una duración de días. Tienen miedo de que descubramos que apenas han contratado rastreadores y que lo que han hecho es ocupar a los profesionales de Primaria en el rastreo”.
“También sabemos que el 99% de estos contratos fueron para sustituir a profesionales que debían guardar cuarentena en casa, con lo que esas contrataciones rara vez sirvieron para reforzar un servicio”, aseguró. “Y lo que está claro es que desoyeron las voces que les reclamaban la extensión de los contratos hasta otoño en previsión de lo que podía venir”.
“Un caso similar es el de los rastreadores. Anuncian a bombo y platillo que Castilla y León dispone de número suficiente de rastreadores pero cuando escarbamos descubrimos que ni el 10% representa nuevas contrataciones. Por eso, están deseando que lleguen los rastreadores del Ejército que les ofrece el Gobierno de España para que puedan liberar a los profesionales de Primaria de las labores de rastreo”, lamentó Moreno.
Valladolid, 23 de septiembre de 2020
