Barcones denuncia que se rompe un pacto de Comunidad sobre financiación local, infringiendo además el Estatuto de Autonomía, que prohíbe modificar la financiación local mediante Decreto-ley
El Decreto-ley 6/2020 modifica el Fondo de cooperación económica local general vinculado a ingresos derivados de los impuestos cedidos, que cuenta en 2020 con una dotación de 37,3 millones de euros.
La vicesecretaria general del PSOECyL, Virginia Barcones, señala que la decisión “unilateral” del Gobierno de Mañueco afecta a los fondos destinados a las diputaciones y los municipios de más de 1.000 habitantes.
–Las diputaciones y municipios de más de 20.000 habitantes ya no tendrán que dedicar a políticas de empleo el 50% de estos fondos para hacer frente a los desafíos demográficos, cuando más falta hacen políticas de apoyo al empleo.
Sin embargo, el otro 50% que hasta ahora podían dedicar con plena autonomía a las necesidades que se apreciaran en su propio territorio, ahora lo tendrán que asignar obligatoriamente a inversiones para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de NNUU, precisamente cuando las políticas frente al covid19 ya ha obligado a otro tipo de gastos de limpieza, y apoyo a las personas y familias con más necesidades, a autónomos y empresas, para sostener la actividad económica y el empleo.
-Los municipios de entre 1.000 y 20.000 habitantes, que antes recibían de este fondo recursos incondicionados, los tendrán que dedicar ahora en su totalidad a realizar inversiones para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de NNUU.
Esta decisión es un hachazo a la autonomía local consagrada en la Constitución el estatuto y la Carta Europea de Autonomía Local. “Es un desprecio sin precedentes a los ayuntamientos de nuestra Comunidad”, advierte Barcones.
Además, supone una nueva e innecesaria carga administrativa de justificación del destino de estos fondos, antes incondicionados, y simplemente sometidos a la fiscalización interna y externa. Se complica la gestión local cuando más necesaria es la agilidad y la eficacia en la acción pública. En la Junta la burocracia se impone a toda racionalidad.
Esta decisión se toma unilateralmente, mediante Decreto-ley, rompiendo un pacto político de Comunidad sobre financiación local, un pacto en materia de empleo y sin contar con el Consejo de Cooperación local, con la Conferencia de alcaldes y presidentes de diputación, ni con la propia FRMP. No cabe mayor desprecio a las reglas de la lealtad política e institucional, que constituyen las bases de la práctica democrática.
Y además se lleva a cabo en flagrante incumplimiento de nuestro Estatuto de Autonomía, que reserva a Ley de Cortes la materia de la financiación local (art. 55.3), que por tanto queda prohibida para su regulación mediante Decreto-ley (art. 25.4). Con el Decreto- ley la Junta ha pretendido evitar la participación ciudadana y de las entidades locales en el proceso de elaboración de esta norma, además de la intervención del Consejo económico y Social y el Consejo Consultivo que les hubieran sacado los colores a la vista de este despropósito.
Por último, Virginia Barcones, destaca, que no se le pueden cambiar las reglas de gasto y ejecución del presupuesto, a las EELL a mitad del ejercicio, en un año de gasto extraordinario como consecuencia de la crisis sanitaria y sus secuelas económicas y sociales, frente a las que las EELL han sabido actuar con solvencia y responsabilidad, poniendo por delante las necesidades de los vecinos
Por supuesto, los alcaldes y alcaldesas del PSOE reiteran el compromiso de las entidades locales con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, así como con las políticas frente a la despoblación y otros retos demográficos, Por ello, reclama a la Comunidad el desarrollo de unas políticas propias en estas materias abiertas en su diseño, pero con pleno reconocimiento de su autonomía local. La implicación de los municipios en estas políticas no debe condicionar, sin embargo, la financiación ordinaria con cargo a los ingresos de la Comunidad.
Se trata, sostiene Barcones, de un “nuevo episodio de decisiones unilaterales del Gobierno de Mañueco, adoptadas sin ningún consenso y modificando las reglas del juego en mitad del partido”, una actitud que está enfrentando a toda la sociedad con la Junta de Castilla y León.
Valladolid, 12 de julio de 2020
