Luis Briones califica de “cajón desastre” el Decreto Ley que la Junta aprovecha para “imponer recetas desregulatorias de la legislación neoliberal más salvaje”
El Grupo Parlamentario Socialista se opuso hoy al Decreto Ley de impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León con el que la Junta “aprovecha la pandemia” para eliminar controles ambientales para la instalación de empresas, tal y como denunció el procurador Luis Briones.
Briones fue muy crítico con el Decreto Ley de la Junta, cuya tramitación por esta fórmula “no se entiende, ni se justifica de ningún modo” bajo el paraguas de que hay que adoptar medidas extraordinarias encaminadas a la eliminación de trámites.
Para Briones, la Junta aprovecha la pandemia y la “terrible” situación económica para imponer “las recetas económicas u desregulatorias de la legislación neoliberal más salvaje y, por ahí, no vamos a pasar”, remarcó.
Con esta nueva regulación, denunció el procurador socialista, se han incluido en “un cajón desastre” multitud de actividades susceptibles de ocasionar molestias o lesividad que podrán implantarse e iniciar una actividad con una simple comunicación al Ayuntamiento en el que se ubiquen “sin información pública, ni informes previos, ni audiencia a los vecinos”.
Esto supondrá, continuó, “un caos para el mundo rural” dado que cualquier empresa se podrá implantar en un territorio con una simple comunicación al ayuntamiento. Este decreto “ahonda en políticas no sostenibles y que no protegen a nuestros pueblos, ni el medio rural o el turismo”. “Estamos ante una nueva agresión desde la Junta a los municipios de Castilla y León”, remarcó.
Por último, insistió en que, por ejemplo, se podrán instalar con una mera comunicación ambiental, granjas ganaderas, actividades de transhumancia, instalaciones de compostaje agrario de residuos o sellados de vertederos de residuos, mientras que solo será necesaria la evaluación de impacto ambiental para la instalación de una central térmica o de residuos peligrosos.
Valladolid, 24 de junio de 2020
