El 20 de noviembre es un día importante para la infancia. Es el Día Universal del Niño desde 1954, pero también es el aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, en 1959. Además, es el día en el que se aprobó la Convención de los Derechos del Niño, en 1989, el más universal de los tratados internacionales.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece una serie de derechos, incluidos los relativos a la vida, a la salud, a la educación y a jugar, así como el derecho a la vida familiar, a estar protegidos de la violencia, a no ser discriminados y a que se escuchen sus opiniones.
Pese a ello, 385 millones de niños viven en la pobreza extrema, 264 millones no están escolarizados y 5,6 millones de niños menores de cinco años murieron el año pasado por causas que podían haberse prevenido.
España es el segundo país, después de Rumanía, de los 28 países de la UE con mayor desigualdad medida por el coeficiente 20/80. El desempleo, especialmente en el caso de hogares con todos sus miembros en paro, la caída de las rentas del trabajo, la liberalización del mercado laboral y la disminución de la protección por desempleo han incrementado la pobreza entre las personas desempleadas y también entre los trabajadores.
Esta situación afecta especialmente a las familias con hijos a cargo, ya que los hogares con hijos a cargo tienen un riesgo de pobreza por encima de la media y alcanza a casi la mitad de los hogares formados por familias monoparentales. La consecuencia de esto es el mayor riesgo de pobreza en los menores de 16 años, lo que supone que 2,4 millones de niños y niñas viven en hogares pobres.
Las escasas ayudas a la familia y las casi inexistentes prestaciones por hijo a cargo, unido a la regresiva reforma fiscal, la reforma laboral y los recortes en los servicios públicos están en el origen del incremento de la desigualdad y la pobreza en la infancia que alcanza a casi el 29% de los menores de 16 años y del 31,7% en riesgo de pobreza y exclusión social.
A esto se une la menor capacidad para la reducción del riesgo de pobreza de las prestaciones sociales en España respecto de otros países, tanto en cuantía como en la progresividad de las prestaciones. El colectivo con menor reducción de la pobreza tras las prestaciones sociales vuelve a ser la infancia.
Esta situación no solo supone una grave injusticia social, un severo problema de sostenibilidad económica y social, sino que significa una preocupante temeridad como país, ya que se traduce en una escasa inversión social para su futuro. La inversión social, especialmente en la infancia, es el instrumento más poderoso para lograr una sociedad más próspera, más justa y un país con mayor productividad y mejor competitividad.
Es necesario reseñar que España ha suscrito la Convención sobre los derechos de los niños de Naciones Unidas, por lo que se obliga a su cumplimiento, mandato que refuerza nuestra Constitución en su artículo 39.4.
Por eso desde el desde el Partido Socialista Obrero español apostamos por revertir esta situación combatiendo la desigualdad y la pobreza, mejorando las rentas de los hogares con hijos a cargo, el incremento de las prestaciones sociales, especialmente las destinadas a la infancia y la calidad de los servicios públicos, especialmente la educación.
La protección de la infancia es uno de los grandes retos para la sociedad española actual. Es necesario un nuevo protagonismo de las políticas a favor de la infancia. Las políticas dirigidas a la población infantil y a los hogares con niños deben valorarse no solo porque promueven la justicia social y la equidad, sino porque promueven la capitalización de los recursos humanos de un país y, en última instancia, impulsan el crecimiento económico.
La pobreza en España tiene rostro de niño. Uno de cada tres niños (un 32%) vive en riesgo de pobreza o exclusión social y 2,4 millones de niños se encuentran en situación de pobreza monetaria. Además, los niveles de abandono escolar, aunque han mejorado en los últimos años, siguen figurando entre los más altos de Europa. Por eso, desde el PSOE proponemos el Ingreso Mínimo Vital destinado a la protección de las familias sin ingresos y una Prestación No contributiva de la Seguridad Social destinada a los menores en familias con ingresos por debajo del umbral de la pobreza para combatir la pobreza infantil y erradicar la pobreza infantil severa.
Y reclamamos un Pacto de Estado por la Infancia a través del cual todos nos impliquemos para avanzar en la protección de los derechos de la infancia: partidos políticos, agentes y organizaciones sociales, administraciones públicas, empresas, familias, niños y niñas.
El Pacto se debe alinear con los objetivos relacionados con la infancia de la Agenda 2030, como elemento articulador y herramienta imprescindible para lograr avances en la igualdad ciudadana. Asimismo, deberá establecer los mecanismos necesarios para que todas las políticas públicas tengan un enfoque basado en los derechos de la infancia y debe servir para velar por la efectiva implantación en España de los Derechos del Niño, recogidos en la Convención de NN UU.
El Pacto debe tener como protagonista a la población infantil, no solo como objeto de protección, sino como partícipes de este marco de diálogo para que los “niños y niñas tomen el mando”, tal y como reclama Naciones Unidas en su lema de este año.
